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Información para grupos vulnerables

Una vez superados los fuertes cuestionamientos contra los bancos de desarrollo que recorrieron las décadas pasadas en el ámbito regional, bajo la convicción de que el mercado podía resolver los problemas de asignación de recursos, es cada vez más evidente que la intervención del Estado central es necesaria y vital para corregir fallas como la insuficiencia de recursos de mediano y largo plazo por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para los proyectos de infraestructura vinculados con la provisión de servicios básicos, tanto en las áreas rurales y urbanas. Es en este escenario, que el trabajo del Banco del Estado destaca por la importancia de los proyectos que financia a nivel nacional, su impacto en la promoción de la calidad de vida de la población y la consolidación del desarrollo sostenible como herencia para las futuras generaciones.

El Gobierno Nacional está consciente de la necesidad de combatir la exclusión de los servicios de agua potable, saneamiento y manejo de residuos sólidos superando las lógicas asistencialistas que caracterizaron al período neoliberal y enmarcando esta lucha en la construcción de una sociedad verdaderamente justa y equitativa. El imperativo de erradicar la pobreza en el Ecuador requiere articular una propuesta coherente de intervenciones intersectoriales y entre niveles de gobierno, desde el Gobierno Central hasta los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, conforme el régimen de competencias contempladas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Es indispensable que aunemos esfuerzos en la generación de condiciones que conlleven un proceso de supresión de las condiciones de empobrecimiento que han azotado a millones de ecuatorianos.

En el Banco del Estado consideramos indispensable articular con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otros actores político-sociales las inversiones en escala territorial para elevar los niveles de eficiencia en el uso de los recursos públicos para mejorar las condiciones habitacionales de todos y todas. Por tanto, en primer lugar, es primordial la ampliación de la cobertura de agua y alcantarillado mediante una estrategia de priorización de territorios y de financiamiento que conlleve igualmente el cierre de las brechas de acceso existentes entre regiones, niveles de ingreso, género, grupos étnicos, especialmente de los más vulnerables como afroecuatorianos, indígenas y montubios.

Con base en la información de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, en 2013, el 75 por ciento de los hogares disponía de agua por red pública. En el área rural, únicamente el 39 por ciento de los hogares tenía agua por red pública en comparación con el 92 por ciento de las del área urbana. En el caso del alcantarillado sanitario, el 63 por ciento de viviendas gozaba de este servicio con grandes diferencias entre las áreas urbana y rural, pues las primeras cuentan con una cobertura del 80 por ciento mientras que, en los hogares rurales, ésta apenas llega al 26 por ciento. El desafío que tenemos como país es cerrar estas brechas si realmente queremos erradicar la pobreza y la pobreza extrema.

La meta nacional es alcanzar el 83 por ciento de cobertura en los servicios de agua potable y el 75 por ciento en alcantarillado para el 2017. El objetivo del Banco del Estado es contribuir a la consecución de estos niveles de cobertura, por lo que los esfuerzos están concentrados en impulsar intervenciones efectivas en los cantones que registren las brechas más amplias, apoyar la creación de planes integrales de agua potable y alcantarillado, enfrentar los problemas de calidad y continuidad y aplicar una política de financiamiento con subvenciones para casos en los que la problemática de desabastecimiento rebase la capacidad financiera de las autoridades locales. En este sentido, en el 2014 se aprobaron iniciativas emblemáticas y alineadas con estas estrategias, como el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia. La obra recibirá un aporte no reembolsable del Gobierno Nacional de USD 130 millones y pondrá fin a los históricos problemas de abastecimiento que enfrentan unos 400.000 habitantes de la provincia verde.

Es claro ahora que Ecuador enfrentó las problemáticas coyunturales y se requiere entrar en un proceso de consolidación de los gobiernos seccionales, tanto financiera como técnicamente, para que puedan cumplir con sus competencias que, en conjunto, son claves para avanzar en el nuevo esquema de desarrollo por el que ha votado mayoritariamente el país. El Banco del Estado seguirá financiando obras para cambiar la vida de la gente. Esa nuestra misión.

Verónica Gallardo Aguirre

Gerente General del Banco del Estado